La Financiación de las MiPyMes en Colombia. Una reflexión, no una queja.

Por: Miguel Piedrahita, Director General y Co-Fundador de NoName


En Colombia, las empresas le deben a las entidades financieras, tanto oficiales como privadas, una cifra cercana a los COP 277.5 billones¹ o el equivalente al 26% del Producto Interno Bruto². Haciendo la mejor estimación posible del peso relativo de la financiación a MiPyMes (Micro, Pequeña y Mediana Empresa), incluyendo operaciones de Factoring, es observable que el monto asciende a cerca de COP 47 billones. En consecuencia, la cartera MiPyMe tiene un peso aproximado del 17% de la cartera comercial total. Ahora bien, la distribución MiPyMes v.s. Grandes Corporaciones (incluyendo Entidades Oficiales) en cuanto a su representatividad en la creación de empleo formal directo e indirecto en el país, es la inversa a lo evidenciado en la cartera colocada en los dos segmentos. Es decir, se entiende según datos del DANE, Confecamaras, el DNP y de los Ministerios de relevancia en el asunto, que el empleo formal directo e indirecto es generado mayoritariamente por las MiPyMes. Esta realidad no es del todo escandalosa, es relativamente común y no necesariamente es exclusiva para Colombia, pues es un hecho cierto que típicamente existe un comportamiento de concentración que estadísticamente se comprueba al analizarlo detalladamente. Pero no porque se observe un comportamiento típico de Principio de Pareto significa que está bien y es precisamente ese status quo el que se debe alterar en beneficio integral de la estructura económica del país.

Es por lo anterior que se hace una reflexión, que apunta a que todos ganemos y con la que difícilmente hay personas en contra. Hay que financiar con más contundencia y determinación a las MiPyMes. Y mejor. Entiéndase por mejor, prestarle incrementalmente al riesgo inherente de las MiPyMes. Por lo tanto, trabajar decididamente por disminuir la existencia de “firma de socios” en calidad de Avalistas o Garantes, pues cuando éste mecanismo de garantía existe en un contrato de préstamo, de facto se le esta prestando a los socios y no a la empresa. Sin embargo, siendo realistas, es conocido que esto es un proceso de maduración que se dará entre otros, por virtud de la mayor competencia esperada en la banca tradicional y por jugadores existentes y entrantes Fintech, pero tomará tiempo. Y de esto último no hay mucho si se piensa en la supervivencia y recuperación de las empresas de nuestro país.

Ahora, mas allá de los mecanismos existentes como lo son los Fondos de Garantías, del orden nacional, departamental y local, la emisión de garantías parciales de entidades financieras y entidades oficiales y otros instrumentos para mejorar el perfil de riesgo de crédito que existen en el mundo de los negocios, como lo son seguros de crédito y mecanismos mono-liner ¿Cómo se puede promover la financiación del tejido empresarial de Colombia para fortalecer el progreso y el empleo? Es una pregunta muy “tesa” que muchos nos hemos hecho y que humildemente me atrevo a enunciar un mecanismo de como pensar en “destrabar” en parte esta situación y que la misma sea diferente a la financiación bancaria tradicional. Los Fondos de Pensiones Privadas del país.

El ahorro de Colombia esta esencialmente en manos de las AFPS³. Administran más de COP 331 billones⁴ del ahorro del público. Administran más dinero del que las empresas de todos los tamaños les deben a los bancos y entidades financieras en Colombia. Es claro que los administradores de estos fondos siguen atentamente un estricto marco regulatorio para los fondos de pensiones obligatorias, en los cuales están COP 280 billones⁵, es decir, el 85% del total de activos bajo administración.

Teniendo en cuenta que las AFPs tienen COP 280 billones bajo administración en pensiones obligatorias, se entiende también que es precisamente esta canasta de recursos la que mas limitaciones para inversión tiene, todo ello en virtud del régimen que están obligadas a seguir. Limitaciones para no exponer desproporcionadamente el ahorro de los colombianos por tipo de instrumento, calificación crediticia y concentraciones de emisores, por ejemplo, todo para apuntar a una rentabilidad estructural para los ahorradores que es además mínima regulatoria. Y es conservador que esas limitaciones existan para que el valor en riesgo del ahorro de Colombia este bajo ciertos controles. En adición al régimen de inversiones, las AFPS tienen serias limitaciones estructurales para ejecutar la debida diligencia de múltiples empresas, la aplicación del gobierno corporativo por parte de las empresas es fundamental para tomar decisiones de inversión y el volumen o monto de las transacciones tiene restricciones entre otros, por virtud del mercado secundario de los instrumentos negociables, es decir, la liquidez mínima necesaria para que puedan poner a disposición los ahorros del público de Colombia en diversos instrumentos. Es frente a esta serie de restricciones que debemos encontrar soluciones porque típicamente una MiPyMe no cumple con ninguna de las condiciones arriba dispuestas pues son transacciones pequeñas y los mecanismos de gobierno corporativo son precarios. A mi juicio, el proceso de destrabe comienza por el riesgo de crédito. Se proponen por lo tanto mecanismos de garantías totales o parciales de riesgo de crédito para que puedan llegar a ser inversiones admisibles para los Administradores de Fondos de Pensiones Obligatorias, cuyos análisis de riesgos se pueden hacer por expertos, en alianzas entre las AFPS con Bancos, Entidades Financieras, NeoBancos y FinTech cuyo expertise radica en la originación, análisis, colocación y seguimiento de crédito a millones de clientes.

Estas garantías pueden ser emitidas por la Nación por medio de sus instituciones creadas para fomentar la irrigación de crédito al sector empresarial. Lo interesante del asunto es que la Nación no haría uso de la restringida liquidez para fondear empresas directamente, sino que seria el garante de una buena parte (todo en casos de mayor indefensión) de los defaults que lleguen a materializarse.

Siguiendo en la línea del concepto de indefensión, se hace necesario hacer un comentario (abriendo un paréntesis) que busca atender la lógica realista. Hay MiPyMes que necesitan de un apoyo de garantía de riesgo de crédito de hasta por el 100% del capital del préstamo y son las que consideramos las indefensas. Esas son aquellas que básicamente, de manera binaria, si tienen la garantía acceden a financiamiento formal. Si no lo tienen, se quedan en la financiación subnormal e informal hasta que “les cortan el chorro”, incrementalmente destruyen el empleo, se quedan sin proveedores y en algún momento se quedan sin oxigeno. Es claro que, para estas, lo que se debe mantener es una política de habilitación mas que de asistencialismo, pues el propósito no es que el gobierno de ningún orden les preste directamente, sino que se utilicen los mecanismos de garantía para que se utilice la liquidez del sistema financiero. Es natural que aquí existan altos niveles de siniestralidad y decir lo contrario seria utopía.


No obstante, si confiamos que el rol del estado se asocia con crear condiciones y actuar como habilitador, estaría precisamente haciendo ejercicio de su labor y en el proceso arriba descrito, habría creado demanda secundaria propia del empleo que generan las MiPyMes hipotéticamente financiadas, habría fomentado indiscutiblemente el desarrollo empresarial, habría atacado de manera directa las deshonrosas y delictivas prácticas del “gota a gota” y en un país como el nuestro, lleno de oportunidades y de gente buena, serian muchas mas las que honraron su obligación y no se hizo uso de la garantía, permitiendo así que el programa haga un offset positivo de los beneficios que recibe en contraposición de los pagos efectivos de garantías por impagos de las MiPyMes. Ahora, antes de (cerrar el paréntesis), se hace necesario señalar que dado que si hay MiPyMes en abundancia que tienen relaciones bancarias de crédito y no de ahorro, es para ellas que se podrían diseñar esquemas propios de los que se plantearán mas adelante en esta reflexión. Es decir, en términos coloquiales, hay que arrancar por reconocer que hay MiPyMes indefensas y hay MiPyMes que “necesitan el empujoncito”.

Volviendo a los esquemas de garantías, merece la pena resaltar los esfuerzos del gobierno nacional considerando la idoneidad de programas de garantía parcial como el del Fondo Nacional de Garantías (FNG) denominado “Unidos por Colombia” que cubre el riesgo de crédito en valores superiores al 80% o los planes de cubrir emisiones de Bonos Ordinarios hasta en un 70% del capital con garantía soberana. Para dinamizar aún más el espectro de opciones de cobertura de riesgo, se pueden considerar otras garantías admisibles como seguros de crédito emitidos por compañías privadas con calificaciones crediticias de estándar AAA local.

Con relación al desarrollo y aplicación de gobierno corporativo por parte de las MiPyMes, el rol de la Bolsa de Valores de Colombia y de la SuperFinanciera es trascendental pues serian los mejores llamados para habilitar que las empresas profesionalicen sus prácticas, lo cual es conveniente para todos, empezando por las MiPyMes. No obstante, el punto de partida no puede ser ni parecido al marco regulatorio que actualmente aplica para emisores privados, entre otros, porque el riesgo de crédito no se asocia ni siquiera mayoritariamente a ellos, partiendo de la base que sus emisiones deben ser garantizadas con mecanismos soberanos o de seguros de crédito para que el dinero fluya. Pensar en que una MiPyMe atienda reglamentaciones similares a las existentes es desconocer las limitaciones de éstas. Es por ello que deben ser procesos de light on-boarding que atiendan a unos mínimos de revelación de información relevante y el equivalente a la relación con inversionistas, y que sean procesos incrementales de mejoramiento de practicas de buen gobierno corporativo.

Un reto mayor se asocia con el tamaño de las transacciones. Se puede estimar que las MiPyMes requieren de transacciones de financiamiento que pueden ir entre los COP 250 millones y los COP 25.000 millones. Por lo tanto, los costos de análisis y su liquidez de mercado secundario son desafiantes para la estructura actual de las AFPS. Es por esto que habrá que estudiar mecanismos de Emisiones Sindicadas no Avaladas entre si por empresas desvinculadas, que lo que los une es el mecanismo homogéneo de garantía soberana y que además existan promotores de liquidez, que por ejemplo, con recursos del FNG se dispongan a ejercer labores de market-maker.

Esto tiene la capacidad de mover la aguja del tejido empresarial del país. Si se llega a pensar que se pudiera invertir hasta el 5% de los recursos que administran en títulos de contenido crediticio con garantías parciales o totales, se abriría una ventana para que hasta COP 14 billones se muevan del agente superavitario al deficitario, lo equivalente al 30% de los COP 47 billones que actualmente deben las MiPyMes a la Banca. Serían técnicamente Semi-TES con prima. Todos ganamos, a las MiPyMes les llega mas plata a un mejor costo y a los ahorradores colombianos retorno con cobertura de riesgo de crédito.


Para no arrancar con la difícil, se pueden observar caminos más expeditos con los recursos de las Pensiones Voluntarias, los cuales ascienden a COP 26 billones⁶. Con este ahorro, las flexibilidades que tienen los administradores son inmensamente mayores. Y aquí los Fondos de Capital Privado juegan un rol protagónico, pues la bondad de los Fondos de Capital Privado es que pueden hacerse en alianza entre AFPS y Entidades Financieras, y que se pueden administrar miles de créditos hechos a la medida con garantías admisibles como las descritas a lo largo de este documento.

En cualquier caso, es fundamental que esto tenga vocación de permanencia, y que si bien surja en la coyuntura, permanezca estructuralmente en el tiempo. Es importante que igualmente los costos de la garantía se distribuyan adecuadamente entre la MiPyMes y el gobierno pues se necesitan muchas MiPyMes con acceso proporcionado a recursos y no poquitas MiPyMes con mucho acceso a recursos. En la medida que haya distribuciones sensatas de costos de garantías, el presupuesto de la Nación para este propósito podrá servir muchas mas y es lo que se necesita. Se puede soñar con iniciar de una manera parecida a como se indica arriba y con instrumentos de deuda para probar que el modelo es adecuado, pero debemos volver a impulsar el arraigo de las generaciones anteriores. La participación en el capital de la empresa, no en el pasivo. El camino inicia con deuda, pero tiene que apuntarle a la creación de instrumentos que “fondeen” el equity de las mejores MiPyMes. Avances como el de la Bolsa de Valores de Colombia con A2censo van en la dirección correcta. Es un sueño lograble pensar que los ahorradores colombianos podamos invertir en las empresas del futuro del país. ¿Acaso las blue chips⁷ colombianas actuales nunca fueron MiPymes?

Nota: Esta reflexión recoge opiniones, colaboraciones y recomendaciones de personas expertas en la materia que tienen roles de liderazgo en empresas cuyo negocio principal se asocia con lo descrito como mecanismo de ampliación al crédito de MiPymes. A todos ellos, un agradecimiento especial por contribuir en la construcción de este documento cuyo propósito es poner el tema y aunar esfuerzos en esta dirección.

¹Fuente: Superfinanciera

²Estimado en COP 1.034 trillones cuando se toman los datos de los últimos 4 trimestres usando como fuente al DANE

³Administradores de Fondos de Pensiones y Cesantias (Privados)

⁴Fuente: Superfinanciera

⁵Fuente: Superfinanciera

⁶Fuente: Superfinanciera

⁷Slang / Término utilizado ampliamente por operadores de mercados de capitales, especialmente de renta variable por el cual hacen referencia a las empresas listadas en bolsa de valores estandarizada que se asocian con solidez, estabilidad en valor, adecuada rentabilidad y liquidez.



Miguel Piedrahita Soto, administrador de Negocios con énfasis en Finanzas de la Universidad EAFIT (), con MBA de IE Business School (Madrid, España), LL.M in International Legal Practice de IE Law School (Madrid, España) y Minor en Estudios Europeos de IE School of International Relations (Madrid, España). Actualmente, es Director General y CEO de NO Name, miembro de juntas directivas y del consejo asesor de LIBERTANK.

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