Exceso de leyes en Colombia

Por: Juan David García Vidal

Director Académico

LIBERTANK


Es ampliamente conocido lo dañina que es la inflación monetaria, por la pérdida del valor del dinero; pero actualmente en Colombia padecemos otra inflación igualmente nociva: la inflación legislativa, la cual desvaloriza las leyes que deberían garantizar la convivencia civilizada.


Nuestro llamado “estado social” o megaestado intervencionista, con el pretexto de la "justicia social" y con su obsesión por reglamentar prácticamente todos los aspectos de la vida, ha producido un aumento desaforado en la cantidad de leyes, normas y regulaciones, junto con una correlativa y preocupante reducción en la calidad de las mismas.


Además, los constantes cambios normativos y el creciente número de trámites burocráticos, barreras aduaneras, subsidios, permisos, privilegios, gravámenes, exenciones y licencias de todo tipo, ha llevado a que nuestro sistema jurídico cada vez sea más inestable, inseguro, desacreditado y parecido a aquel en el que todo está prohibido, excepto lo que está explícitamente permitido. Incluso se ha extendido la equivocada idea según la cual las actividades que no están reguladas por el estado están prohibidas.


Tantas leyes y regulaciones hacen que el ciudadano, el policía, el inversionista nacional o extranjero y hasta algunos jueces, se pierdan en una maraña de reglamentaciones y trámites, sin saber cuál es en realidad el Derecho aplicable.


Es de tal magnitud nuestro exceso de material normativo, que hasta el mismo legislador no tiene claro cuál es el Derecho vigente y, al expedir una nueva legislación, no está en condiciones de indicar taxativamente cuáles son las leyes anteriores que quedan derogadas.


Luego de su promulgación, la norma debe ser conocida por sus destinatarios. Empero, son tan innumerables las regulaciones que existen, que resulta humanamente imposible que una persona siempre sepa que cumple con las exigencias del estado.

La mayoría de las personas puede memorizar diez normas (como por ejemplo los diez mandamientos), pero nadie puede, incluyendo los abogados, saberse miles de normas y menos aún comprenderlas, pues nuestro ordenamiento jurídico está plagado de incoherencias, redundancias y antinomias, que crecen y se agravan con el aumento desordenado de la producción normativa.


Así mismo, el crecimiento descontrolado de nuestra legislación ofrece innumerables oportunidades a los burócratas para exigir sobornos y a los corruptos para realizar desfalcos y obtener prebendas de todo tipo. Como bien observó Tácito: "El exceso de leyes corrompe la República".


No menos alarmantes son los efectos negativos que nuestra inflación legislativa está produciendo en la economía. Así lo establece el Índice de libertad económica 2019 (https://www.heritage.org/index/), elaborado anualmente por la Heritage Foundation y por el periódico Wall Street Journal. La investigación muestra cómo la sobrenormación y las rígidas regulaciones del gobierno, obstaculizan el libre funcionamiento del mercado y por ende dificultan los negocios, alejan las inversiones, desaniman la iniciativa empresarial y disminuyen el crecimiento económico. El estudio ubica a Colombia como un país moderadamente libre en su economía, con un marco regulatorio en gran medida complejo, inestable e inseguro, ocupando el puesto 49 entre 186 economías analizadas. Resulta alarmante que el país cayó 7 posiciones respecto al año 2018, lo cual indica que no vamos por buen camino en materia de libertad económica.


Ahora bien, en términos generales, Colombia ha mejorado en los últimos años, pero falta mucho todavía. Para avanzar más, hay que empezar por reducir el número de normas, evitar su proliferación y desregular gran parte de la economía. La mejor fórmula para controlar la corrupción de la que, con razón e indignación, nos quejamos tanto no es con más regulaciones, funcionarios y poderes estatales, sino con muchos menos. Un estado más pequeño, sujeto a unas reglas básicas y con pocos funcionarios, capaces y bien seleccionados, es más fácil de vigilar y, por ende, las oportunidades de corrupción disminuirían drásticamente.


Un país próspero y libre no es el producto de la multiplicación de leyes, normas y regulaciones. Sucede donde se respeta la propiedad y la iniciativa privada, donde hay estabilidad y seguridad jurídica, donde hay un vigoroso y productivo tejido empresarial y donde se exige el cumplimiento de unas mínimas reglas, comprensibles para todos.



Juan David García Vidal, es abogado, con maestrías en derecho económico y negocios internacionales en la universidad de Georgetwon y en relaciones internacionales en la Universidad Externado y el Instituto de Estudios Políticos de Paris. Ha trabajado en el Banco Mundial, ha sido catedrático en la Universidad EAFIT, actualmente es conferencista, asesor jurídico y director académico de LIBERTANK.



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